ENTRADA NÚMERO: 80619-2026
MAGISTRADO PONENTE: OLMEDO ARROCHA OSORIO
RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE CONRAD & CO., ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD KERDIN OCEAN CORP, CONTRA LA RESOLUCIÓN NO. R.A.-003-2025 DE 27 NOVIEMBRE DE 2025, EMITIDA POR LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ.
REPÚBLICA DE PANAMÁ
ÓRGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. –PLENO- PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).
V I S T O S:
Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia del Recurso de Apelación interpuesto por la Firma Forense CONRAD & CO., actuando en nombre y representación de la Sociedad KERDIN OCEAN, CORP., en contra de la Resolución de fecha 30 de abril de 2026 proferida por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, a través de la cual NO CONCEDE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por la recurrente contra la Resolución No. R.A.003-2025 de 27 de noviembre de 2025, emitida por la Gobernadora de la Provincia de Panamá, mediante la cual se rechazó de plano el recurso de revisión administrativa interpuesto dentro de un proceso de lanzamiento por intruso.
AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES
El amparista expresa su disconformidad en los siguientes tres (3) hechos, los cuales transcribimos:
“PRIMERO: Que la Gobernación de Panamá por conducto del departamento de asesoría legal se negó el 31 de octubre de 2025 a recibir el recurso extraordinario de revisión administrativa, y dio instrucciones verbales a que este fuera recibido por insistencia en la secretaria.
SEGUNDO: Que la Gobernación de Panamá no utilizó los trámites legales correspondientes para motivar y sustentar el rechazo de plano del recurso extraordinario de revisión administrativa, aplico (sic) la retroactividad, primero expone la consulta C-SAM- 31-20 del 19 de octubre de 2020, proferida por la Procuraduría de la Administración la cual baso (sic) sus argumentos en el artículo 29, 38, 39 y tercer párrafo del artículo 65 del Decreto Ejecutivo no. 205 de 28 de agosto de 2018, el cual reglamento (sic) la Ley 16 de 17 de agosto de 2016, ambos cuerpos normativos derogados por la Ley 467 del 24 de abril de 2025, la cual entro (sic) en vigencia a partir del 25 de abril de 2025; y segundo no hubo una continuidad de la Ley, se aplicó para la decisión el artículo 8 de la Ley 19 de 3 de agosto de 1992 vigente, teniendo el servidor público a su disposición el artículo 40 de la Ley 467 del 24 de abril de 2025.
TERCERO: Que la Gobernación de Panamá no ha cumplido con la constitución y la ley, rechazo (sic) de plano por improcedente el recurso extraordinario de revisión administrativa violentando los derechos individuales donde forma parte el debido proceso, impidiendo el derecho a valorar la prueba aportada e impidiendo ser oído”.
El representante legal de la amparista señala como normas constitucionales vulneradas, el artículo 32 de la Constitución Política y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Expone que del artículo 32 de la Constitución Política, se derivan las garantías del debido proceso y los derechos reconocidos en los artículos 41 y 42 del Texto Fundamental, relativos a la facultad de toda persona de presentar quejas y peticiones a los servidores públicos, como también pedir ratificación, protección y supresión ante el Registro Público de Panamá. Añade que tales garantías encuentran desarrollo en el artículo 34 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000.
Continúa, expresando que la violación al debido proceso se produjo de manera directa por omisión, toda vez que la Gobernación de Panamá desatendió su derecho de presentar un recurso extraordinario de revisión administrativa, cuando se le impidió su trámite bajo el sustento que no es viable, que los temas que provienen de jueces de paz, sean irrecurribles.
Agrega que, la Autoridad sustentó su decisión en una consulta de la Procuraduría de la Administración y en disposiciones legales y reglamentarias derogadas, por lo que la decisión jurisdiccional no se enmarca dentro de una continuidad de la ley, aplicándose retroactivamente normas, y no valora que no son aplicables al contexto legal.
Asimismo, sostiene que el rechazo de recurso extraordinario de revisión administrativa impidió hacer valer un documento que, según afirma, modifica o extingue la titularidad del un bien inmueble, con lo cual afectó el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 42 de la Constitución Política.
Señala que, “el recurso de revisión administrativa además de extraordinario es un medio de impugnación excepcional y restrictivo, solo aplica a causas específicas, la aportación de una nueva prueba busca poner en conocimiento al superior jerárquico que la resolución fue viciada por una prueba que provoco (sic) que la autoridad de policía y la comisión de ejecución y apelaciones, hoy comisión de apelaciones, profiriera una resolución basada en un documento que no ha sido invalidado por el registro público de Panamá, negar el acceso a la autoridad competente y a un trámite legal en derecho, vulnerando así derechos individuales consagrados en esta constitución” (fs. 16 del cuaderno de Amparo).
Respecto al artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su concepto de infracción, afirma que la Resolución No. R.A. 003-2025 de 27 de noviembre de 2025, vulneró dicha garantía al rechazar de plano el recurso extraordinario de revisión administrativa, con fundamento en normas derogadas y mediante una aplicación retroactiva de la Ley, impidiéndole que este puede pedir la restauración de un derecho vulnerado.
Añade, que la actuación de la autoridad desconoció el deber de las autoridades públicas de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política, así como las garantías derivadas del bloque de Constitucionalidad y de los instrumentos internaciones sobre derechos humanos.
Sostiene, además, que la autoridad omitió aplicar el principio pro actione, (o indubio pro actione), al privilegiar una interpretación que impidió la admisión y tramitación del recurso extraordinario de revisión administrativa, el mismo está establecido en la norma y permite revisar aquellas decisiones que no se apeguen a nuestro derecho, contemplado en el artículo 166 de la Ley 38 de 2000. En consecuencia, considera que el servidor púbico no solo ignoró la norma, sino que se extralimitó e impidió el ejercicio de un derecho fundamental y solicita se restablezcan las garantías constitucionales que estima vulneradas.
INFORME DE CONDUCTA
A foja 29 del presente Cuadernillo de Amparo se aprecia la contestación que realiza Dionisio Sánchez, secretario general, Encargado de la Gobernación de la Provincia de Panamá, a la presente acción constitucional, a través de la cual, indica lo siguiente:
“…
Al respecto, debemos señalar que esta entidad conoció y resolvió, mediante Resolución No. R.A. 003-2026 de 27 de noviembre de 2025, el Recurso de Revisión Administrativa interpuesto ante este Despacho Superior Provincial contra la Resolución No. 349 de 4 de julio de 2022, emitida por la Comisión de Ejecución y Apelación de la Casa de Justicia Comunitaria de Paz No. 2 del distrito de Panamá, la cual confirmó la Resolución No. 373-2021 de 26 de octubre de 2021, dictada por la Casa de Justicia Comunitaria de Paz del corregimiento de San Francisco, dentro del proceso de Lanzamiento por Intruso, en el que figuran como partes CANAL BANK, S.A., en calidad de demandante, y KERDIN OCEAN CORP., como parte demandada.
En ese sentido, este Despacho rechazó de plano, por improcedente, la solicitud de Recurso de Revisión Administrativa, toda vez que las resoluciones expedidas por la Comisión de Ejecución y Apelaciones de las Casas de Justicia Comunitaria de Paz no pueden ser revocadas mediante el Recurso Extraordinario de Revisión Administrativa del que conocen los Gobernadores de Provincia, previsto en el artículo 8 de la Ley 19 de 3 de agosto de 1992, puesto que dichas decisiones se encuentran regidas por una ley especial que establece expresamente que las mismas son irrecurribles.
En consecuencia, se procedió a rechazar la referida solicitud.
...”
DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Correspondió al Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, conocer en primera instancia del negocio constitucional el cual, por medio de la Resolución fechada 30 de abril de 2026 (fs.85-89 del C. de Amparo), NO CONCEDE la presente Acción de Amparo de Garantías Constitucionales.
El a quo fundamentó su decisión señalando que el acto impugnado consistía en el rechazo de plano del recurso extraordinario de revisión administrativa presentado contra una decisión dictada dentro de un proceso de lanzamiento por intruso.
Además, considera el A Quo que, la autoridad demandada, al rechazar de plano el recurso interpuesto, no hizo más que utilizar la disposición vigente, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la normativa aplicable, que establece que la decisión por la Comisión de Apelaciones no admite ulterior recurso en la vía administrativa; advirtiendo que, “el hecho de que una decisión sea irrecurrible por disposición de la ley no constituye, por sí mismo, una vulneración al debido proceso, en tanto dicha limitación forma parte de la configuración normativa del sistema de recursos, la cual no puede ser desconocida a través de la acción de amparo”(fs. 88 del cuaderno de amparo).
Finalmente, indicó que, si bien el artículo 41 de la Constitución Política reconoce el derecho de toda persona a presentar peticiones y obtener pronta resolución, ello no obliga a la autoridad a emitir un pronunciamiento de fondo cuando la solicitud resulte jurídicamente improcedente.
SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN
En el secuencial 64, archivo. 1_TSC9999 del EJE, se observa el memorial de sustentación Recurso de Apelación interpuesto por la firma CONRAD & CO., actuando en nombre y representación de KERDIN OCEAN CORP., contra la referida Resolución del 30 de abril de 2026 proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.
Arguye el amparista- apelante- que el A quo, realizó un análisis superficial de la garantía del debido proceso, y sólo se centró en examinar los requisitos y argumentos expuestos por la parte actora, sin abordar la falta de motivación de la resolución que rechazó de plano el recurso extraordinario de revisión administrativa. Sostiene que la decisión impugnada se basó en normas que no están vigentes y cuya aplicación había sido derogada por la Ley 467 de 24 de abril de 2025, aplicadas retroactivamente al caso concreto.
Continúa manifestando que comparte el criterio normativo imperante en materia de juicios de policía, por ser una normativa especial la cual instituye que las decisiones de la Comisión de Ejecución y Apelaciones son irrecurribles; sin embargo, afirma que ese no era el aspecto debatido en la presente acción de amparo. Explica que, lo discutido es el valor normativo del recurso de revisión administrativa el cual se encuentra regulado por el Capitulo V de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, específicamente en el numeral 4, acápite g, del artículo 166, referente a los hechos sobrevivientes, o documentos que posterior a la resolución aparecen y que en su momento no se pudieron aportar, y pueden cambiar la decisión adoptada.
Añade que, con el recurso de revisión administrativa, aportó una prueba emitida por el Registro Público de Panamá donde se hacía constar que CANAL BANK, S.A., no era el titular de la finca al momento de presentar la demanda de lanzamiento. Expresa que, la intensión del recurso era poner en conocimiento de la autoridad esa prueba, y por tanto, revisar la decisión que, a su juicio, afectaba y agravaba.
Expone que, “la aportación de una nueva prueba busca poner en conocimiento al superior jerárquico que la resolución fue viciada por una prueba que provocó que la autoridad de policía y la comisión de ejecución y apelaciones, hoy comisión de apelaciones, profiriera una resolución basada en un documentos (sic) que ha sido invalidado por el Registro Público de Panamá, negar el acceso a la autoridad competente y a un trámite legal en derecho, vulnerando así derechos individuales consagrados en esta constitución”.
Señala, además, que el amparo de garantías constitucionales fue presentado para que se realizara un examen de fondo sobre la violación de un derecho, sobre formalismos excesivos; exterioriza que, en ningún momento se pidió revisar la legalidad de las decisiones adoptadas por la autoridad, sino que sostuvo que el rechazo de plano del recurso de revisión vulneró el debido proceso, especialmente el derecho a aportar pruebas.
Continúa manifestando, que discrepa de la decisión del Tribunal A quo, pues considera que se centró en un análisis del artículo 39 de la norma especial, y concluye que el recurso constituía era una nueva instancia contra una resolución irrecurrible. A su vez, consideró que el artículo 41 de la Carta Magna, no obliga a la autoridad a emitir un pronunciamiento de fondo en todos los casos; no obstante, sostiene que, aun cuando el recurso fuera rechazado de plano, la autoridad debía pronunciarse con fundamento en el numeral 4, acápite g, del artículo 166 de la Ley 38 de 2000.
Finalmente, manifiesta que el Tribunal en sede constitucional entendió que el amparo de garantías constitucionales iba dirigido a atacar el criterio normativo especial y predominante sobre el carácter irrecurrible de las decisiones de la comisión ejecución y apelaciones, cuando lo que pretende es obtener tutela judicial efectiva respecto al recurso interpuesto, sustentado en una prueba sobreviviente emitida por el Registro Público.
CONSIDERACIONES DEL PLENO
Examinada la presente demanda constitucional, el criterio del Tribunal a-quo, los argumentos de la parte recurrente y los antecedentes del caso, procede el Pleno de esta Corporación de Justicia a resolver la alzada, a propósito de confirmar, revocar o modificar la decisión censurada.
En primera instancia, es oportuno señalar que la Acción de Amparo es una institución de garantía que puede ser presentada contra cualquier Acto susceptible de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho fundamental, previsto no solamente en la Constitución Política, sino en los Convenios y Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá y en la Ley, cuando por la gravedad e inminencia del daño se requiera una revocación inmediata.
Debe tenerse muy claro además que, no es cualquier pretermisión procesal la que tiene efecto en la violación al Debido Proceso, sino aquellas que representan una limitación a la defensa porque imposibilitan ejercer el contradictorio, presentar pruebas, recursos, entre otros aspectos fundamentales.
Advierte esta Corporación de Justicia, que la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales que nos ocupa, está dirigida contra la decisión tomada en la Resolución No. R.A. 003-2025 de 27 de noviembre de 2025, emitida por la Gobernación de la Provincia de Panamá, la cual consistió en Rechazar de Plano por improcedente la solicitud de el Recurso de Revisión Administrativa, en contra la Resolución No. 349 de 4 de julio de 2022, que confirma la Resolución No. 373-2021 de 26 de octubre de 2021 emitida por la Casa de Justicia Comunitaria de Paz del Corregimiento de San Francisco.
Como viene expuesto, el recurso de apelación presentado es en contra de la Resolución de 30 de abril de 2026 proferida por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, a través de la cual NO CONCEDE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, promovida por Firma Forense CONRAD & CO., actuando en nombre y representación de la Sociedad KERDIN OCEAN, CORP.
Un análisis del asunto remitido en alzada, nos permite concretar que la infracción constitucional que el recurrente le increpa a la decisión adoptada por Gobernación de la Provincia de Panamá, se circunscribe a la supuesta vulneración del artículo 32 de la Constitución Política, al sostener que la autoridad demandada rechazó de plano el recurso extraordinario de revisión administrativa con fundamento en normas derogadas, aplicó retroactivamente la ley y desconoció el debido proceso al impedir que se examinara la prueba y ser oído.
Planteados así los cargos, corresponde a esta Corporación de Justicia confrontar los argumentos del amparista con el acto judicial cuestionado en sede constitucional, a fin de determinar si, en efecto, se produjo la vulneración de las garantías fundamentales invocadas. En este contexto, resulta pertinente recordar el contenido del artículo 32 de la Constitución Política, que consagra la garantía del debido proceso, cuyo tenor literal dispone:
“ARTÍCULO 32. Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa o disciplinaria”.
Sobre el contenido y alcance de esta garantía, el jurista panameño Arturo Hoyos, en su obra El Debido Proceso, la define en los siguientes términos:
“…el debido proceso es una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso —legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas— oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y de las manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de manera que las partes puedan defender efectivamente sus derechos”.
Así mismo, el criterio jurisprudencial ha mantenido los elementos indispensables que implica del contenido del artículo 32 de la Constitución.
Mediante Fallo que decide Amparo de Garantías Constitucionales de fecha 4 de mayo de 2015, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia hace un recuento del contenido de la garantía del debido proceso:
“En este punto también es de lugar hacer mención al procesalista JORGE FÁBREGA que destaca, en sus "Instituciones de Derecho Procesal Civil" que la jurisprudencia ha llenado de contenido la garantía del debido proceso, integrado por los derechos que se indican a continuación:
1. Derecho a la jurisdicción, que consiste en el derecho a la tutela constitucional.
2. Derecho al Juez natural.
3. Derecho a ser oído.
4. Tribunal competente, predeterminado en la ley, independiente e imparcial.
5. Derecho a aportar pruebas lícitas, relacionadas con el objeto del proceso, y de contradecir las aportadas por la otra parte o por el juez.
6. Facultad de hacer uso de los medios de impugnación previstos en la ley contra resoluciones judiciales motivadas.
7. Respeto a la cosa juzgada.
Partiendo de esta noción, corresponde a este Pleno examinar el criterio adoptado por el Tribunal Ad quo, a fin de verificar si, en el caso concreto, se respetó el debido proceso y si las garantías constitucionales alegadas como vulneradas fueron debidamente analizadas y ponderadas.
En este sentido, para mayor comprensión de las constancias procesales se advierte que el presente asunto tiene su origen en un proceso Ejecutivo Hipotecario de Mayor Cuantía con renuncia a trámite, presentado ante el Juzgado Decimocuarto de Circuito Civil, interpuesto por BANCO UNIVERSAL (hoy CANAL BANK, S.A.) en contra de KERDIN OCEAN CORP, entre Otros.
Dicho lo anterior, se inició un proceso de Lanzamiento por Intruso ante el Juez de Paz de la Casa de Justicia Comunitaria del Corregimiento de San Francisco, en donde esta, mediante Resolución No. 373-2021 de 26 de octubre de 2021, “Ordena el Lanzamiento por Intruso a la sociedad KERDIN OCEAN CORP”., confirmada mediante la Resolución 349 de 2022 de 04 de julio de 2022, quedando ejecutoriada, y cumpliendo con el lanzamiento de quienes ocupaban el bien inmueble.
Habiendo identificado el contexto y el procedimiento en el que se genera el acto impugnado, es preciso analizar, ahora si le asiste la razón al activador constitucional y recurrente de acuerdo con la demanda y el recurso de apelación planteados.
Dicho lo anterior, conviene tener presente que, el Tribunal A quo, citó el artículo 39 de la Ley 16 de 17 de junio de 2016, dicha disposición fue subrogada por la Ley 467 de 24 de abril de 2025 (artículo 44), conservando el mismo contenido normativo en cuanto al concepto que la decisión de adoptada en apelación por la Comisión de Apelaciones será definitiva e irrecurrible; por tanto, la referida norma subrogada no implicó, por sí sola, una aplicación retroactiva de la ley ni, vulneración del debido proceso.
En efecto, el propio recurrente aceptó que, conforme el régimen especial de los juicios de policía, las decisiones de la Comisión de Ejecución y Apelaciones son irrecurribles.
En atención a lo anterior, no existe vulneración al debido proceso, por lo cual, esta Superioridad concuerda con el Tribunal A quo al señalar que: “el ordenamiento jurídico ha definido, de forma clara, los límites del sistema de impugnación en esta materia, estableciendo que las decisiones emitidas en dicha instancia no admiten ulterior recurso en sede administrativa”.
Igual sentido es nuestra conclusión; no se puede pretender, invocando una supuesta afectación al debido proceso, que esta Superioridad se pronuncie sobre la aplicación e interpretación de normas de legalidad ordinaria, con fundamento en una prueba sobreviviente emitida por el Registro Público, pues ello constituye un aspecto ajeno al ámbito de control propio del amparo de garantías constitucionales.
Ahora bien, resta atender el otro aspecto externado por el activador constitucional; quien sostiene que, aun cuando el recurso extraordinario de revisión administrativa hubiese sido rechazado de plano, la autoridad debía pronunciarse sobre la causal prevista en el numeral 4, literal g), del artículo 166 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000.
Lo primero que juzga necesario resaltar esta Corporación es que, la actuación impugnada fue emitida dentro del procedimiento especial regulado inicialmente por la Ley 16 de 17 de junio de 2016 y actualmente por la Ley 467 de 24 de abril de 2025, que subrogó dicho régimen. Por ello, establecer si la autoridad estaba obligada a pronunciarse sobre la causal prevista en el numeral 4, literal g), del artículo 166 de la Ley 38 de 2000, pese al rechazo de plano del recurso extraordinario de revisión administrativa, supone determinar cuál es el régimen legal aplicable y el alcance de las disposiciones que lo regulan, cuestión que corresponde al ámbito de legalidad y no al control propio del amparo de garantías constitucionales.
Por su parte, consideramos oportuno expresar que, a través de su jurisprudencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que, la utilización del Amparo como medio para verificar la valoración probatoria o que la aplicación o interpretación de la Ley por parte del Juez ordinario haya sido correcta, es posible de manera excepcional, en aquellos casos en los que la Sentencia es arbitraria; carente o sin suficiente motivación; con mala valoración o no apreciación de algún medio probatorio; o cuando se ha cometido un grave error en la interpretación o aplicación de la Ley; siempre que de ella se derive de manera preliminar la afectación de un derecho fundamental que justifique su revocatoria (Sentencia de 4 de julio de 2012, entre otras); sin embargo, en el presente caso, no evidenciamos, a simple vista, la concurrencia de ninguna de estas excepciones, que ameriten la actuación de esta Sede Constitucional, a fin de hacer cesar tales infracciones.
Todas estas circunstancias, hacen evidente que no se vislumbra afectación de derechos fundamentales, ya que el acto hoy impugnado, fue proferido dentro del marco legal.
Así las cosas, esta Corporación Judicial es del criterio que los cargos invocados por el amparista recurrente no infringen normas de rango constitucional, ya que como se ha indicado, tanto para el Tribunal A quo como para este Tribunal de alzada, la funcionaria demandada cumplió con las normas que regulan el Proceso bajo estudio. En consecuencia, por compartir el criterio vertido por el Tribunal de Primera Instancia, debe esta Corporación de Justicia confirmar la decisión, por tanto, así se pronuncia.
PARTE RESOLUTIVA
En consecuencia, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución venida en Apelación; en consecuencia, se NO CONCEDE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el recurrente contra la decisión dictada contra la Resolución No. R.A.003-2025 de 27 de noviembre de 2025, emitida por la Gobernadora de la Provincia de Panamá, mediante la cual se rechazó de plano el recurso de revisión administrativa interpuesto dentro de un proceso de lanzamiento por intruso; de acuerdo a la parte motiva del presente pronunciamiento.
NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE,
OLMEDO ARROCHA OSORIO
MAGISTRADO
MARÍA CRISTINA CHEN STANZIOLA
MAGISTRADA
MIRIAM CHENG ROSAS
MAGISTRADA
MARIBEL CORNEJO BATISTA
MAGISTRADA
ARIADNE MARIBEL GARCÍA ANGULO
MAGISTRADA
MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS
MAGISTRADA
CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES
MAGISTRADO
CARLOS E. VILLALOBOS JAÉN
MAGISTRADO
JUAN CARLOS TATIS CASTILLO
MAGISTRADO
YANIXSA Y. YUEN C.
SECRETARIA GENERAL
Exp 80619-2026.
/rfc.