Auto nº E972932026-08-08-12-05-PR-AT-RJ0007-108152026 de Corte Suprema de Justicia, 27 de julio de 2026

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Publicado: 2026-10-26

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ENTRADA: 97293-2026

MAGISTRADA MARIBEL CORNEJO BATISTA

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO IVÁN AGUSTÍN ARAÚZ RAMOS, ACTUANDO EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE PARCIALMENTE INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 56 DEL DECRETO EJECUTIVO N°368 DE 17 DE AGOSTO DE 2018, QUE DICTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y DESARROLLA EL TÍTULO II DE LA LEY NO. 28 DE 7 DE JULIO DE 1999.

 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLENO

 

Panamá, veintisiete (27) de julio de dos mil veintiséis (2026).

 

 

 

VISTOS:

 

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce en fase de admisibilidad la demanda de inconstitucionalidad presentada por el licenciado IVÁN AGUSTÍN ARAÚZ RAMOS, contra una parte del artículo 56 del Decreto Ejecutivo N°368 de 17 de agosto de 2018, que dicta el Reglamento Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores y desarrolla el Título II de la Ley no. 28 de 7 de julio de 1999, por vulnerar los artículos 4, 17, 18, 32 y 184.14 de la Constitución Política.

 

DISPOSICIÓN DEMANDADA DE INCONSTITUCIONAL

 

La norma jurídica objeto de la demanda tiene el siguiente texto en que se resalta el apartado que es del interés del accionante que sea expulsado del ordenamiento jurídico:

"Artículo 56. De la confidencialidad de los temas. "Los asuntos y documentos presentando a la consideración de la Comisión Calificadora serán manejados con carácter confidencial y, en consecuencia, todos los miembros de dicha Comisión deberán guardar absoluta reserva sobre los mismos. El incumplimiento de esta obligación por parte de cualquiera de los miembros le significará ser excluido de la Comisión Calificadora, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y penal que le corresponda". (El resaltado es del Pleno)

 

 

 

CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO

 

Con la finalidad de pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad que nos ocupa, el Pleno procede a verificar si cumple con las exigencias procesales contenidas en los artículos 101, 2559, 2560 y 2561 del Código Judicial y los criterios jurisprudenciales que la Corte Suprema de Justicia tiene establecidos en la materia.

 

La demanda bajo examen está dirigida a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, como lo dispone el artículo 101 del Código Judicial y cumple con los requisitos formales comunes a todas las demandas en cuanto a la identificación del demandante, el alcance de lo que pide y la exposición de los hechos en que basa su pretensión.

 

En cuanto a los requisitos formales específicos de la demanda de inconstitucionalidad, el Pleno observa que el accionante señaló el número y fecha de la Gaceta Oficial en que fue promulgado el Decreto Ejecutivo del que forma parte la disposición impugnada; transcribió la disposición legal demandada, al igual que, separadamente, las de naturaleza constitucional que estima infringidas, cuestión a la que suceden, para cada una, explicaciones acerca del concepto de la infracción que, a criterio del Pleno, resultan insuficientes para estimar cumplido este requisito establecido en el apartado final del numeral 2 del artículo 2560 del Código Judicial. Veamos una síntesis de los mismos:

  • El artículo 4: Al establecer una consecuencia automática de exclusión sin audiencia previa ni procedimiento, lo que contraviene el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
  • El Artículo 17: porque autoriza, mediante norma reglamentaria, una restricción severa a los derechos del posible afectado la exclusión de un cargo representativo sin las garantías mínimas que el principio de legalidad exige.
  • El Artículo 18: porque ninguna persona puede ser sancionada por infracción de un reglamento.
  • El Artículo 32: En dos dimensiones simultáneas e independientes, la primera es la automaticidad de la sanción y la segunda la falta de identificación de la autoridad competente para determinar el incumplimiento y el procedimiento que debe seguirse para hacerlo.
  • El Artículo 184.14: Porque el Decreto Ejecutivo no desarrolló las funciones de la Comisión, sino que creó un régimen sancionatorio que el legislador nunca estableció ni autorizó.

 

Vistos con detenimiento los motivos que se ofrecen para inducir el examen constitucional de la porción del artículo 56 del Decreto Ejecutivo N°368 de 17 de agosto de 2018 demandado, se llega a la conclusión que se trata de opiniones y referencias críticas o reproches a su contenido que no cruzan el umbral de la subjetividad en torno a una norma que lo único que hace es asignar una consecuencia específica derivada de la incursión de un supuesto de prohibición.

   

Así las cosas, los argumentos reseñados no son eficaces para relacionar la vigencia y aplicación de la disposición demandada con la violación a los artículos 4, 17, 18, 32 y 184.14 de la Constitución Política, ya que el accionante no explica de forma satisfactoria el concepto de la infracción, ese atributo de la demanda de inconstitucionalidad que de forma coherente, precisa, convincente y razonablemente objetiva consigue generar incertidumbre en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acerca de la conformidad o correspondencia entre el reglamento parcialmente impugnado y la Carta Magna.

 

A este respecto, en el fallo de 15 de marzo de 2021 con ocasión de la entrada distinguida con número 13308-2021, el Pleno señaló:

“Es importante recalcar que la exigencia legal contenida en el artículo 2560 del Código Judicial relativa a explicar el concepto de la infracción, coloca sobre el demandante una obligación argumentativa cuyo propósito ha sido definido con bastante propiedad por nuestro homólogo en la República de Colombia y con el cual, evidentemente, concordamos en lo pertinente:

 

“La última de esas condiciones [presentar las razones de la violación] exige al ciudadano asumir cargas argumentativas mínimas, con el propósito de evitar que, de una parte, la Corporación establezca por su cuenta las razones de inconstitucionalidad, convirtiéndose entonces en juez y parte del trámite y generando una intromisión desproporcionada del Tribunal Constitucional en las funciones propias del Congreso de la República; y, de otra, que ante la ausencia de razones comprensibles, que cuestionen seriamente la presunción de corrección de las decisiones adoptadas en el foro democrático, deba proferirse un fallo inhibitorio, frustrándose así el objetivo de la acción de inconstitucionalidad.

 

En ese orden de ideas, las razones de inconstitucionalidad deben ser (i) claras, es decir, seguir un curso de exposición comprensible y presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que significa que no deben basarse en interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o irrazonables de los textos demandados, sino exponer un contenido normativo que razonablemente pueda atribuírseles; (iii) específicas, lo que excluye argumentos genéricos o excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera que planteen un problema de constitucionalidad y no de conveniencia o corrección de las decisiones legislativas, observadas desde parámetros diversos a los mandatos del Texto Superior; y (v) suficientes, esto es, capaces de generar una duda inicial sobre la constitucionalidad del enunciado o disposición demandada” (Sentencia C-016/18 de la Corte Constitucional de la República de Colombia consultable en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-016-18.htm). (El Resaltado es del documento original).

 

De lo anterior se desprende que los argumentos utilizados para sustentar la acción de inconstitucionalidad se muestran deficitarios en su certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia”.

     

 

 

Tal como se aprecia, el demandante no consigue exponer con claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia los motivos que permitan dilucidar en qué consiste o de qué modo se produce la discordancia entre el apartado de la norma jurídica que es objeto de la demanda y las disposiciones constitucionales, por lo que corresponde es no admitir esta causa, y a ello se procede.

 

PARTE RESOLUTIVA

 

 

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado IVÁN AGUSTÍN ARAÚZ RAMOS, contra una parte del artículo 56 del Decreto Ejecutivo N°368 de 17 de agosto de 2018, que dicta el Reglamento Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores y desarrolla el Título II de la Ley no. 28 de 7 de julio de 1999.

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 206 de la Constitución Política y artículos 101, 2559, 2560 y 2561 del Código Judicial.

 

Notifíquese,

 

 

 

MARIBEL CORNEJO BATISTA

 

ARIADNE MARIBEL GARCÍA ANGULO

 

MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS

 

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

 

CARLOS E. VILLALOBOS JAÉN

 

GISELA DEL CARMEN AGURTO AYALA

 

OLMEDO ARROCHA OSORIO

 

MARÍA CRISTINA CHEN STANZIOLA

 

MIRIAM CHENG ROSAS

 

 

YANIXSA Y. YUEN C.

Secretaria General