Auto nº E826072026-08-08-12-05-PR-AT-RJ0007-109602026 de Corte Suprema de Justicia, 14 de agosto de 2026

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Publicado: 2026-10-30

Ver en Órgano Judicial

Entrada No.82607-26 - Acción de Inconstitucionalidad

PONENTE: MAGISTRADA ARIADNE MARIBEL GARCÍA ANGULO

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO TEODORO ROBERTO MACHAZEK MORALES, CONTRA LAS FRASES “ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS” Y “MEDIANTE FACULTAD DELEGADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS”, CONTENIDAS EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 316 DE LA LEY 76 DE 13 DE FEBRERO DE 2019; Y LA FRASE “POR EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS”, CONTENIDA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 320 DE LA LEY 76 DE 13 DE FEBRERO DE 2019, QUE APRUEBA EL CÓDIGO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – PLENO

 

PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).

 

VISTOS:

El licenciado Teodoro Roberto Machazek Morales, ha presentado Acción de Inconstitucionalidad contra las frases “adscritos a la dirección general de ingresos” y “mediante facultad delegada por el director general de ingresos”, contenidas en el numeral 1 del artículo 316 de la Ley 76 de 13 de febrero de 2019; y la frase “por el director general de ingresos”, contenida en el primer párrafo del artículo 320 de la Ley 76 de 13 de febrero de 2019, que aprueba el Código Administrativo Tributario de la República de Panamá.

 

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El libelo de la acción se fundamenta en que, de conformidad con las disposiciones acusadas, la primera instancia de revisión de actos emitidos por la Dirección General de Ingresos, queda confiada a juzgados administrativos tributarios que la ley ubica dentro de la estructura de esa misma entidad.

Como resultado de ello, el contribuyente u obligado tributario que interpone recurso de reconsideración contra un acto de la Dirección General de Ingresos, somete su impugnación al conocimiento de un órgano adscrito al mismo ente que emitió el acto recurrido.

 

Y el hecho de que el recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario y la eventual posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, no modifican el hecho de que la primera instancia administrativa de revisión queda estructurada por mandato legal, dentro el ámbito orgánico, funcional y disciplinario de la Dirección General de Ingresos. (fs. 2-3)

 

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE SE ALEGAN COMO INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

  • Respecto de la frase “adscritos a la dirección general de ingresos”, contenida en el numeral 1 del artículo 316 de la Ley 76 de 13 de febrero de 2019.

Alega como disposiciones constitucionales infringidas, los artículos 4, 17, 18, 19, 20, 32, 41, 201, 202, 210, 215 de la Carta Magna.

 

Con relación al artículo 4, establece que la frase crea un diseño institucional contrario a los estándares del Derecho Internacional, específicamente los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, impidiendo que la instancia llamada a resolver los recursos, sea independiente e imparcial frente al ente fiscalizador y recaudador.

 

Del artículo 17, indica que la frase establece un sistema carente de autonomía institucional para la tutela efectiva, la cual considera debe verse en conexión con estándares convencionales, como los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Contrario a ello, la frase convierte la primera instancia en una dependencia del mismo ámbito e impide la propia ley la protección exigida por esta norma constitucional.

 

Del artículo 18, argumenta que ha sido infringido, porque confirmar o sostener una obligación tributaria no puede quedar en manos de una autoridad vinculada con la parte pública interesada en recaudar, lo que debilita la legitimidad constitucional.

 

La infracción del articulo 19 lo desarrolla en cuanto a que, la frase le da a la administración tributaria una ventaja estructural que no debería tener, ya que, el contribuyente no comparece a un terreno parejo, sino, a un sistema de superioridad desde el órgano que decide.

 

Para el artículo 20 constitucional, refiere la infracción en cuanto a que la frase lesiona el principio de igualdad ante la ley, lo que exige que, cuando un particular entra en controversia con el Estado, el procedimiento no esté armado de tal manera que termine favoreciendo, desde el inicio, al poder público.

 

En cuanto al artículo 32, establece que, la autoridad debe ofrecer garantías objetivas de independencia e imparcialidad, y si el órgano que revisa, está dentro de la misma estructura de la entidad, esta exigencia queda comprometida.

 

Argumenta sobre el artículo 41 que, la frase demandada infringe el derecho a obtener una pronta resolución, que no se cumple con una respuesta rápida, sino, que debe venir de una autoridad que esté en condiciones de resolver con objetividad.

 

Con relación a los artículos 201, 202 y 210, argumenta que la frase las infringe, en el sentido de que, la justicia administrativa no puede prescindir de que el órgano que decide, mantenga una distancia real frente a la parte interesada, que la justicia expedita exige confiabilidad institucional y que quien decida tenga idoneidad constitucional para hacerlo.

 

Agrega que la frase les da a los juzgados administrativos tributarios una función decisoria, pero los mantiene en la misma entidad, y no puede usarse un lenguaje de un órgano jurisdiccional sin reconocer garantías mínimas. Y que dichos juzgados no tienen independencia del juzgador, al estar dentro de la misma institución.

 

Finaliza indicando que el artículo 215 se infringe, ya que, en vez de organizar el recurso de reconsideración como una herramienta real, lo deja dentro del mismo aparato fiscal, favoreciendo la continuidad interna del control administrativo. (fs. 4-14)

 

  • Con relación a la frase “mediante facultad delegada por el director general de ingresos”, contenida en el numeral 1 del artículo 316 de la Ley 76 de 13 de febrero de 2019.

Para esta frase, alega las mismas disposiciones constitucionales infringidas, artículos 4, 17, 18, 19, 20, 32, 41, 201, 202, 210, 215.

 

Con relación a los artículos 4, 18, 19, 20 y 41 y 215 los argumentos del accionante que sostienen el concepto de infracción, descasan sobre planteamientos semejantes a la frase previamente descrita.

 

Respecto el artículo 17, expone que el artículo constitucional obliga a organizar mecanismos institucionales capaces de brindar una defensa efectiva de los derechos de los administrados, y si la autoridad que resuelve la impugnación actúa por delegación del superior jerárquico, la garantía de revisión pierde fuerza y se debilita la protección efectiva del Estado.

 

En cuanto al artículo 32, argumenta que no encaja con el debido proceso, que la autoridad revisora lo haga sobre la base de una potestad que no nace de ella, sino del centro institucional, cuyos actos son los que están siendo cuestionados. No siendo aceptable que, quien revisa una resolución lo haga por habilitación de la autoridad que tiene interés en el resultado.

 

Y respecto a los artículos 201, 202 y 210, sostiene que la frase infringe los mismos, ya que, la autoridad que decide no actúa con autonomía propia, sino a partir de una habilitación que proviene de quien está comprometido en la controversia, lo que le quita a esa instancia la autonomía que la justicia material exige; además, no basta con darle al órgano el nombre de juzgado, si, en el fondo, su capacidad de decidir depende de una potestad que le viene de la misma parte interesada en el conflicto; y, la independencia judicial no se lleva bien con una competencia prestada, siendo que lo que exige la constitución es una competencia propia, no que dependa de la autoridad superior.

 

Y con relación al artículo 215, indica que no puede hablarse de un proceso orientado al reconocimiento efectivo de derechos cuando la competencia para decidir depende de una delegación del director general de ingresos. (fs. 14-23)

 

  • Con relación a la frase “por el director general de ingresos”, contenida en el primer párrafo del artículo 320 de la Ley 76 de 13 de febrero de 2019.

Para esta frase, alega las mismas disposiciones constitucionales infringidas, artículos 4, 17, 18, 19, 20, 32, 41, 201, 202, 210, 215 (fs. 4-14).

Respecto al artículo 4, sostiene que la frase atribuye a la autoridad, potestades sobre la permanencia de los jueces y secretarios del órgano encargado de conocer las impugnaciones contra actos, quebrantando los principios de independencia e imparcialidad, lo que es contrario a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

 

Del artículo 17, expone que se infringe, al no poder considerarse efectiva la protección de los derechos del contribuyente cuando la permanencia de los jueces y secretarios queda sometida a la decisión de la misma autoridad interesada en la decisión.

 

Del artículo 18 argumenta que se infringe, al introducir un factor de presión estructural donde no debe existir, ya que, si la permanencia de los jueces depende del director general, la decisión ya no se toma desde un espacio objetivo.

 

Y del artículo 19 expone que, la frase le otorga un privilegio a la administración tributaria que ninguna de las partes en una controversia debería tener, ya que es el interesado en el litigio tributario.

 

Con relación al artículo 20, alega que se infringe, ya que la frase rompe la igualdad procesal mínima que debería existir entre el contribuyente y la administración tributaria.

 

En cuanto al artículo 32, argumenta que se infringe el debido proceso, ya que, la autoridad que debe decidir, no puede estar sometida disciplinariamente a la misma autoridad institucional que, además, está vinculada al conflicto que se va a resolver.

Con relación al artículo 41 constitucional, expone que la frase lesiona la misma, porque no basta con que exista una respuesta, sino que, la resolución no puede provenir de una autoridad cuya libertad institucional esté comprometida; por lo que el ciudadano no recibe una respuesta de una autoridad libre.

 

Y respecto a los artículos 201, 202 y 210, sostiene que la frase infringe los mismos, ya que no puede hablarse de un administración de justicia, si el juzgador no cuenta con independencia funcional y estabilidad suficiente; que la frase desfigura lo que debería ser un juzgado imparcial, si sus funcionarios pueden ser removidos por el director general; y que si el director general tiene poder disciplinario sobre los jueces, entonces sobre ellos pesa una presión que compromete la autonomía y la independencia deja de ser una garantía sólida.

 

Finaliza alegando que la frase infringe el artículo 215, ya que un procedimiento no puede presentarse como verdadera garantía para el contribuyente cuando quienes revisan la actuación administrativa, están expuestos a la misma autoridad cuya decisión examinan. (fs. 24-32)

 

CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO

A fin de analizar el libelo que fundamenta la demanda de inconstitucionalidad impetrada, es dable advertir que esta institución de la guarda e integridad de la Constitución Política de la República de Panamá tiene por objeto controlar la adecuación de las normas de inferior rango o jerarquía a la Carta Magna, garantizando la depuración objetiva del ordenamiento jurídico, con indiferencia a que el acto normativo contra el que se acciona haya sido aplicado en un caso concreto o que la disposición de la Ley Suprema que aparenta vulnerar se refiera a un derecho fundamental.

De esta forma, es una acción autónoma, cuyo objetivo es la declaratoria de inconstitucionalidad de Leyes, Decretos de Gabinete, Decretos Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones, en fin, de cualquier acto que provenga de una autoridad pública, que se contraponga a los derechos, garantías, principios o postulados contenidos en nuestra Ley Fundamental.

 

Ahora bien, la competencia de este Pleno para el conocimiento de la presente acción, deviene del numeral 1 del artículo 206 de la Constitución Política de la República de Panamá, que faculta a la Corte Suprema de Justicia para revisar y decidir sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos, resoluciones y otros actos emitidos por autoridades, cuando estos sean impugnados por cualquier persona.

 

De igual manera, el artículo 2559 del Código Judicial establece que cualquier persona, a través de apoderado legal, puede interponer demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra actos legales o normativos que considere contrarios a la Constitución Política de la República de Panamá.

 

En el caso que nos ocupa, el accionante, licenciado Teodoro Roberto Machazek Morales, es abogado de la República de Panamá, con idoneidad 12,940; por lo que está legitimando para interponer a nombre propio la presente demanda de inconstitucionalidad.

 

En cuanto a los requisitos formales de presentación que debe cumplir el libelo, se verifica que el letrado dirige el mismo a la Magistrada Presidente de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo establece el artículo 101 del Código Judicial; así mismo, cumple con la incorporación de los requisitos de toda demanda, contenidos en el artículo 384 del Código Procesal Civil, identificando el tipo de proceso constitucional y las generales del demandante.

También se observa que en el libelo se satisface el presupuesto contenido en el numeral 1 del artículo 2560 del Código Judicial, en cuanto a la transcripción de las disposiciones acusadas de inconstitucionales, señalando igualmente que la referida Ley 76 de 13 de febrero de 2019 fue publicada en Gaceta Oficial n°28714-B de 14 de febrero de 2019, por lo que se exime de acompañar con copia autenticada de la ley, tal como lo dispone el primer párrafo del artículo 2561 lex cit.

 

Ahora bien, con relación al requisito de admisibilidad dispuesto en el numeral 2 del artículo 2560, referente a la “Indicación de las disposiciones constitucionales que se estimen infringidas y el concepto de la infracción”, el accionante debe precisar la o las disposiciones constitucionales que considera infringidas, y desarrollar un concepto de infracción, sobre cómo se da esta vulneración.

 

Respecto a la estructura adecuada del concepto de infracción, el Pleno de esta Corporación de Justicia ha sostenido que el mismo conlleva una explicación o construcción argumentativa suficiente y eficiente de cómo se da la confrontación entre la norma acusada de inconstitucional con lo establecido en la Constitución Política; es decir, debe indicarse de qué manera el instrumento normativo, artículo o frase riñe con el contenido o el alcance de una disposición contenida en el texto constitucional[1].

 

Por lo anterior, no basta con que se transcriba la norma acusada de inconstitucional y se plasmen las disposiciones constitucionales estimadas como infringidas, sino que debe desarrollarse con la suficiente claridad, para evidenciar cómo, a juicio del accionante y en el caso que nos ocupa, las frases, riñen con el texto constitucional, guardando además relación con la naturaleza de esta acción y su finalidad.

 

Bajo esa premisa, este acápite del libelo no fue desarrollado bajo estos lineamientos, por cuanto que, con relación a los artículos 4, 17, 18, 19, 20, 32, 41 y 215 de la Carta Magna, el argumento del accionante recae sobre sus propias apreciaciones o valoraciones subjetivas de cómo, a su criterio, deben estar supeditados los juzgados administrativos tributarios.

 

Es ostensible que, dentro de los conceptos desarrollados, no se logra extraer, cómo las tres frases acusadas de inconstitucionales, se contraponen o disponen algo contrario a las normas constitucionales, sino que, expone argumentos respecto a las consecuencias negativas que conlleva el que los juzgados administrativos tributarios se encuentren adscritos a la Dirección General de Ingresos, que mantengan facultades delegadas por el director general de ingresos, y que su designación esté a cargo del director general de ingresos.

 

Empero dichas conjeturas no vienen expuestas en conjunto con un análisis jurídico del contenido de las normas constitucionales invocadas como infringidas; por el contrario, realiza un análisis subjetivo y personal, del significado, alcance y de cómo deben entenderse estas normas constitucionales, para luego, sustentar que las frases las contravienen.

 

Respecto a que, el concepto de infracción no debe estar sustentado en argumentos subjetivos sobre lo que se entiende de la norma, el Pleno de esta Corporación de Justicia[2], ha indicado lo siguiente:

“Debe recordarse que, el objeto de la acción pública de inconstitucionalidad es determinar, si una norma jurídica concreta contraviene, de manera real y efectiva, el texto de la Constitución. Por tanto, el escrito de demanda debe atender no solo a los requisitos formales exigidos por la ley procesal, sino también a la necesidad de articular, con precisión y claridad, los cargos de inconstitucionalidad, evitando caer en meras suposiciones, interpretaciones subjetivas o apreciaciones hipotéticas.

La finalidad de esta acción no consiste en resolver dudas interpretativas sobre el alcance de una norma legal desde la perspectiva del accionante, sino en permitir un pronunciamiento judicial objetivo respecto de su inconformidad o contradicción con el orden constitucional. En esa línea, quien ejerce la acción pública debe formular de manera diferenciada y específica el concepto de la infracción para cada disposición constitucional que presenta, precisando, con rigor técnico, las razones por las cuales considera que existe una transgresión constitucional que amerita el conocimiento de esta Corporación. De no cumplirse con estas exigencias, se desvirtúa la naturaleza del mecanismo de control constitucional, imposibilitando un examen de fondo por parte del Pleno”.

 

Como se advierte, esta acción no está encaminada a analizar la contravención de una norma constitucional, bajo interpretaciones subjetivas del accionante, como pretende el letrado en este caso, lo cual es ostensible de cómo han sido redactados los conceptos de infracción de los artículos constitucionales.

 

Esta circunstancia también conlleva a que, los conceptos de infracción no contengan un examen técnico por parte del demandante, sino, explicaciones a la luz de sus propias interpretaciones sobre las normas constitucionales y de cómo, para él, las decisiones que tomen los juzgados administrativos tributarios, no estarán regidos por la independencia e imparcialidad.

 

 

Incluso, en la mayoría de los conceptos de infracción, los mismos descansan en que, como están adscritos al Director General de Ingresos, no tomarán decisiones con independencia e imparcialidad, y por ello, se verán conculcados el derecho a ser oído (art. 4), no habrá una protección efectiva de derechos (art. 17), no habrá igualdad ante la ley (art. 20), se vulnera el debido proceso (art. 32), se impedirá presentar peticiones (art. 41).

 

Aunado a ello, el concepto de infracción sobre el artículo 18 de la Carta Magna, que cita de la siguiente manera “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley”; lo que resulta incongruente con las frases acusadas, las cuales no establecen una responsabilidad para con los particulares.

 

Todas estas argumentaciones resultan insuficientes para poder extraer una explicación de las supuestas infracciones, por cuanto que, la naturaleza de esta acción constitucional, no está dirigida examinar lo que el demandante entiende de la norma constitucional, ya sea en su significado o alcance.

 

Ahora bien, con relación a los artículos 201, 202 y 210, no se observa congruencia entre las frases acusadas y las disposiciones constitucionales alegadas como infringidas, por cuanto que estas últimas son parte del Título VII sobre La Administración de Justicia, Capítulo 1° “Órgano Judicial”, en donde la constitución establece normas respecto a este órgano del Estado.

 

Y las frases demandadas están contenidas en dos artículos de la Ley 76 de 13 de febrero de 2019 “Que aprueba el Código de Procedimiento Tributario de la República de Panamá”, el cual en su artículo 1 especifica el ámbito de acción de la Ley, indicando que dicha regulación establece “los principios básicos y las normas fundamentales que constituyen el régimen jurídico del sistema tributario y es aplicable a todos los tributos nacionales”, adicionando que “Este Código se aplicará en forma supletoria a los tributos aduaneros, municipales y contribuciones especiales de seguridad social”.

 

Lo anterior da cuenta que, las frases acusadas, las cuales se encuentran dentro de los artículos 316 y 320 de la Ley 76 de 2019, no guardan relación con el Órgano Judicial, lo que influye sustancialmente en que mal podrían infringir normas constitucionales que se dirijan a establecer reglas, derechos o mandatos de este órgano del Estado.

 

Todas estas circunstancias anotadas permiten concluir que el acápite del concepto de infracción de las normas constitucionales invocadas como infringidas, no fue desarrollado de una forma objetiva, clara y suficiente, sobre la contravención que se produce al ordenamiento constitucional.

 

Por todo lo expuesto y en atención a que el libelo de la Demanda de Inconstitucionalidad bajo estudio, esta Corporación de Justicia es del criterio que la acción propuesta se hace inadmisible, por tanto, a ello se procederá.

 

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Teodoro Roberto Machazek Morales, contra las frases “adscritos a la dirección general de ingresos” y “mediante facultad delegada por el director general de ingresos”, contenidas en el numeral 1 del artículo 316 de la Ley 76 de 13 de febrero de 2019; y la frase “por el director general de ingresos”, contenida en el primer párrafo del artículo 320 de la Ley 76 de 13 de febrero de 2019, que aprueba el Código Administrativo Tributario de la República de Panamá.

NOTIFÍQUESE.

 

MGDA. ARIADNE MARIBEL GARCÍA ANGULO

MGDA. MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS                      

MGDO. CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

MGDO. CARLOS E. VILLALOBOS JAÉN                   

MGDA. GISELA DEL CARMEN AGURTO AYALA

MGDO. MIGUEL A. ESPINO G.                                          

MGDA. MARÍA CRISTINA CHEN STANZIOLA

MGDA. MIRIAM YADIRA CHENG ROSAS                                   

MGDA. MARIBEL CORNEJO BATISTA

 

LCDA. YANIXSA Y. YUEN C.

Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia

 

 

 

[1] Cfr. Resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 3 de marzo de 2026. Entrada 190303-2025

[2] Resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 28 de julio de 2025. Entrada 85784-2025