Auto nº E1498672025-08-08-12-05-PR-AT-RJ0007-103012026 de Corte Suprema de Justicia, 17 de septiembre de 2026

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Publicado: 2026-10-14

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ENTRADA NÚMERO: 149867-2025.

MAGISTRADO PONENTE: OLMEDO ARROCHA OSORIO

 

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ENEREIDA BARRIAS, ACTUANDO EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE INCONSTITUCIONAL LOS NUMERALES 7, 8 Y 10 DE LA LEY 241 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021, QUE MODIFICA LA LEY 23 DE 2017 Y LA LEY 9 DE 1994, EN LO RELATIVO AL RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PROMULGADA EN LA GACETA OFICIAL N°29398-A DE 15 DE OCTUBRE DE 2021.

 

 

         

REPÚBLICA DE PANAMÁ

ÓRGANO JUDICIAL

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. –PLENO- PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026). 

 

 

V I S T O S:

 

La Licenciada Enereida Barrías actuando en su propio nombre y representación, presentó solicitud de Aclaración de la Resolución de veintiuno (21) de julio de 2026, que decidió: “...DECLARA que es INCONSTITUCIONAL los numerales 1,2,3,4,5,6,7,8 y 10 del artículo 1 de la Ley No.241 de 2021 por infracción de la Constitución Política”.

 

ARGUMENTOS DEL SOLICITANTE

En lo medular la activadora solicita se le aclare desde qué fecha se genera el derecho a recibir el pago de la prima de antigüedad; porque el fallo no indica que tiene efectos retroactivos.

Sostiene que, al quedar vigente el derecho para todos los servidores públicos nombrados temporal o permanentemente, se debe indicar desde cuándo se origina la oportunidad legal para generar la solicitud de pago de este derecho irrenunciable e inalienable.

Esboza la siguiente interrogante: ¿si el pago de la prima de antigüedad debe darse desde el año 2013? 2017? o desde 1994?  Y, señala que, el artículo 35 de la Ley No. 23 de 12 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial 28277-B del 12 de mayo de 2017, establece que la Ley es de interés social y tendrá efectos retroactivos; además, el artículo 8 de la Ley No.241 del 13 de octubre de 2021 también lo prevé.

A su vez, la activadora manifiesta que, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, ha proferido en varios fallos que se debe computar el pago de la prima de antigüedad a partir del 1ro de enero de 2014; por lo que, con base en el principio de Economía Procesal y con la finalidad de evitar sendas reclamaciones por desacato o demanda contencioso administrativas por actos administrativos ilegales, es importante que la Corte Suprema de Justicia aclare los efectos de este Fallo, ante una posible interpretación restrictiva en cuanto a que no es retroactivo.

 

CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO

Conocidos los argumentos de la solicitante, corresponde al Pleno determinar su viabilidad o no. Al respecto, se advierte que la Demanda de Inconstitucionalidad fue presentada el 25 de septiembre de 2025, antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil; de allí que, resulte aplicable lo dispuesto en el Código Judicial.

De esta manera, corresponde a este Tribunal, verificar el cumplimiento del artículo 999 del Código Judicial, que dispone los presupuestos en los cuales procede la aclaración de sentencia, disposición que citamos a continuación:

"Artículo 999.La sentencia no puede revocarse ni reformarse por el Juez que la pronuncie, en cuanto a lo principal; pero en cuanto a frutos, intereses, daños y perjuicios y costas, puede completarse, modificarse o aclararse, de oficio, dentro de los tres días siguientes a su notificación o a solicitud de parte hecha dentro del mismo término.

 

También puede el Juez que dictó una sentencia aclarar las frases obscuras o de doble sentido, en la parte resolutiva, lo cual puede hacerse dentro de los términos fijados en la primera parte de este artículo.

 

Toda decisión judicial, sea de la clase que fuere, en que se haya incurrido, en su parte resolutiva, en un error pura y manifiestamente aritmético o de escritura o de cita, es corregible y reformable en cualquier tiempo por el juez respectivo, de oficio o a solicitud de parte, pero sólo en cuanto al error cometido." (resaltado del Pleno)

 

La norma anteriormente descrita establece tres (3) supuestos en los que puede darse la aclaración o corrección de una resolución, siendo estos:

  1. Para completar, modificar o aclarar frutos, intereses, daños y perjuicios, y costas;
  2. Cuando existan frases obscuras o de doble sentido, en la parte resolutiva; y
  3. Cuando se incurra en un error pura y manifiestamente aritmético o de escritura o de cita, en la parte resolutiva de la decisión judicial.

 

Sobre el particular, si bien la solicitud fue presentada dentro del término legal previsto en la norma, al examinar el memorial de aclaración esta Corporación advierte que, su petición no guarda relación con una corrección de escritura o de cita en su parte resolutiva.  

La activadora pretende que esta Superioridad se pronuncie sobre el efecto retroactivo del Fallo de Inconstitucionalidad; en el sentido de indicar: ¿desde cuándo se origina la oportunidad legal para generar la solicitud de pago?

Debemos enfatizar que, no es idóneo utilizar este medio procesal -la Aclaración de Sentencia- con el propósito que se revoque, modifique, adicione o reforme la decisión adoptada o se realicen otras motivaciones distintas a las explicadas en la Resolución, cuya explicación se solicita.

Lo anterior, ha quedado consignado en distintos pronunciamientos de esta Corporación, así citamos el fallo fechado 11 de marzo de 2026 (entrada 924982025):

“…De la norma transcrita se desprende con claridad que la aclaración constituye un mecanismo excepcional y restrictivo, circunscrito exclusivamente a explicar frases oscuras o de doble sentido contenidas en la parte resolutiva del fallo; corregir errores puramente aritméticos, de escritura o de cita; completar, modificar o aclarar aspectos accesorios del fallo, tales como frutos, intereses, daños, perjuicios o costas. En ningún caso, dicha figura procesal habilita al juzgador para reabrir el debate sobre el fondo de la controversia ni para revisar los criterios jurídicos que sustentan la decisión adoptada.

 

En el caso bajo examen, si bien la solicitud fue presentada dentro del término legal, lo cierto es que el análisis de su contenido revela que la pretensión del solicitante excede con creces los estrechos márgenes que delimitan la procedencia de la aclaración. En efecto, los argumentos expuestos no se orientan a esclarecer alguna frase oscura o ambigua de la parte resolutiva, ni a señalar la existencia de errores materiales evidentes, sino que procuran cuestionar la motivación jurídica que condujo a la inadmisión de la Advertencia de Inconstitucionalidad.” (Resaltado del Pleno)

 

En atención a todo lo anteriormente expuesto, es evidente que la Solicitud de Aclaración es improcedente ya que versa sobre temas ajenos a lo que establece la norma que rige la materia (art. 999 del Código Judicial); por tanto, lo procedente es rechazarla de plano.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley RECHAZA DE PLANO, POR IMPROCEDENTE la solicitud de Aclaración, presentada por la Licenciada Enereida Barrías, de la Resolución de veintiuno (21) de julio de 2026, que decidió: “...DECLARA que es INCONSTITUCIONAL los numerales 1,2,3,4,5,6,7,8 y 10 del artículo 1 de la Ley No.241 de 2021 por infracción de la Constitución Política”.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 999 del Código Judicial.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

 

 

OLMEDO ARROCHA OSORIO

MAGISTRADO

 

MARÍA CRISTINA CHEN STANZIOLA

MAGISTRADA

 

MIRIAM CHENG ROSAS

MAGISTRADA

 

MARIBEL CORNEJO BATISTA

MAGISTRADA

 

ARIADNE MARIBEL GARCÍA ANGULO

MAGISTRADA

 

MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS

MAGISTRADA

 

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

MAGISTRADO

 

CARLOS E. VILLALOBOS JAÉN

MAGISTRADO

 

JUAN CARLOS TATIS CASTILLO

MAGISTRADA

 

YANIXSA  Y.  YUEN C.

SECRETARIA GENERAL

 

 

 

Exp 149867-2025.

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