ENTRADA 61107-2026
MAGISTRADA PONENTE: ARIADNE MARIBEL GARCÍA ANGULO
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MARTA CECILIA ADAMES ROMERO, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JANINE PRADO CASTAÑO, YAMIRELIZ CHONG, LUIS HENRIQUE DUKE WALKER Y ALEXANDRA BRENES, PARA QUE SE DECLARE INCONSTITUCIONAL LA RESOLUCIÓN no 3126-2025-LEG-PJ DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE ADOPTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA PROTEGER LOS INTERESES PÚBLICOS”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL no 30376-B DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, POR VULNERAR LOS ARTÍCULOS 32, 47, 280 Y 281 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
REPÚBLICA DE PANAMÁ
ÓRGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – PLENO
PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).
VISTOS:
Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Demanda de Inconstitucionalidad presentada por la Licenciada Marta Adames Romero, actuando en nombre y representación de Janine Prado Castaño, Yamireliz Chong, Luis Henrique Duke Walker y Alexandra Brenes, contra la totalidad de la resolución que adopta el reglamento de medidas precautorias, a ser implementadas por la Contraloría General de la República, para proteger los intereses públicos, de fecha 30 de septiembre del 2025. Dicha acción ha sido presentada en nombre y representación de los ciudadanos: Janine Prado, Yamireliz Chong, Luis Duke y Alexandra Brenes.
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El libelo de la acción que nos ocupa se fundamenta en que, a juicio de la accionante, la resolución demandada vulnera, por comisión, diversas disposiciones constitucionales y convencionales, haciendo énfasis principalmente en una indebida atribución de funciones por parte de la Contraloría General de la República y en la afectación de derechos fundamentales, tales como el derecho de propiedad privada y el debido proceso.
Expone que la resolución acusada de inconstitucional transforma una función de control administrativo en una función materialmente jurisdiccional, lo que, a su juicio, desnaturaliza el marco competencial previsto en la Constitución Política y quebranta principios esenciales del Estado de Derecho.
Sostiene que se infringen los artículos 280 y 281 de la Constitución Política, al estimar que la resolución introduce potestades como la suspensión de salarios y el secuestro de bienes, facultades que, a su juicio, no forman parte de las atribuciones constitucionalmente reconocidas a la Contraloría General de la República, por tratarse de medidas de naturaleza cautelar que corresponderían a órganos con funciones jurisdiccionales, particularmente al Tribunal de Cuentas.
Asimismo, señala la vulneración del artículo 32 de la Constitución Política, argumentando que la posibilidad de decretar secuestros sin audiencia previa del afectado constituye una transgresión al derecho de defensa, al debido proceso y al principio de juez natural (foja 3).
De igual manera, manifiesta que la resolución impugnada lesiona el derecho a la propiedad privada reconocido en el artículo 47 de la Constitución Política, al facultar a la Contraloría General de la República para implementar medidas como secuestros y retenciones de salarios respecto de servidores públicos investigados.
Añade que el reglamento demandado infringe el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al considerar que toda restricción o privación del derecho de propiedad debe realizarse conforme a la Ley, mediante autoridad competente y con observancia de las debidas garantías, en esa misma línea, sostiene la vulneración del artículo 8 de dicho instrumento internacional, relacionado con las garantías judiciales y el derecho a ser oído.
Con fundamento en tales argumentos, la accionante solicita que se declare inconstitucional, en su totalidad, la Resolución No. 3126-2025-Leg/PJ de 23 de septiembre de 2025, “Por la cual se aprueba el reglamento de medidas precautorias que adopta la Contraloría General de la República para proteger los intereses públicos”, publicada en la Gaceta Oficial No. 30376-B de 30 de septiembre de 2025.
CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO
Una vez planteado todo lo precedente, y siendo que nos encontramos en la fase de admisión, corresponde a esta Corporación examinar el presente libelo, con el propósito de verificar si el mismo satisface los requisitos constitucionales, legales y jurisprudenciales exigidos para la procedencia de una acción de inconstitucionalidad.
En ese sentido, este Máximo Tribunal ha sostenido reiteradamente, que toda acción de inconstitucionalidad debe estar orientada a evidenciar, de manera clara y concreta y jurídicamente comprensible, la contradicción existente entre la disposición acusada y el texto constitucional, por ello, la demanda no solo debe satisfacer las formalidades previstas en los artículos 101, 2559, 2560 y 2561 del Código Judicial, así como en el artículo 384 del Código Procesal Civil, sino que además corresponde al accionante desarrollar cargos de inconstitucionalidad comprensibles, coherentes y debidamente motivados.
Realizado el examen correspondiente, advierte el Pleno que la presente acción adolece de deficiencias argumentativas que impiden superar la fase de admisibilidad, por las razones que pasan a exponerse.
De entrada, se observa que la accionante manifestó dirigir la demanda contra la totalidad de la Resolución No.3126-2025-Leg/PJ de 23 de septiembre de 2025; sin embargo, el desarrollo argumentativo contenido en el libelo termina concentrándose, principalmente, en determinados aspectos relativos a las medidas precautorias reguladas en el artículo 8 del reglamento acusado, particularmente en lo concerniente a la tramitación de dichas medidas sin audiencia previa del investigado.
Tal situación no constituye una mera irregularidad formal, pues deja al Tribunal la carga de determinar cuáles disposiciones específicas del reglamento son las que realmente se estiman contrarias a la Constitución Política, evidenciándose así una falta de precisión respecto del verdadero alcance del control constitucional solicitado. Ello, porque, si bien una acción de inconstitucionalidad puede dirigirse contra la totalidad de una disposición normativa, corresponde al accionante desarrollar argumentativamente las razones por las cuales el cuerpo normativo íntegro resulta incompatible con la Carta Magna, extremo que, como se verá más adelante, no ocurre en el presente caso.
En cuanto al cargo relacionado con el artículo 280 de la Constitución Política, la demandante transcribe íntegramente dicha disposición -la cual contempla diversas funciones atribuidas a la Contraloría General de la República- y concluye que el reglamento demandado incorpora potestades no previstas constitucionalmente, tales como la adopción de medidas precautorias; no obstante, omite explicar de manera concreta y jurídicamente desarrollada por qué dichas facultades resultan incompatibles con el marco constitucional de competencias de esa entidad.
En efecto, la accionante se limita a sostener que la Contraloría General de la República ejerce funciones estrictamente administrativas y que, por ello, carece de competencia para adoptar medidas de naturaleza cautelar; sin embargo, no desarrolla un análisis constitucional que permita evidenciar la contradicción normativa alegada entre el reglamento demandado y el texto constitucional invocado.
Asimismo, aunque invoca de manera genérica que “la jurisprudencia nacional ha reiterado que ninguna autoridad puede arrogarse competencias no previstas en la Constitución ni en la Ley”[1], omite identificar los precedentes jurisprudenciales que respalden dicha afirmación, imposibilitando a este Tribunal verificar el alcance del criterio citado.
Igual deficiencia se observa cuando sostiene que las medidas precautorias únicamente pueden ser decretadas por el Tribunal de Cuentas, pues no incorpora las disposiciones constitucionales o legales que sustenten de manera concreta tal conclusión, limitándose a formular afirmaciones generales, aunado a ello, el debate relativo a cuál autoridad resulta competente para aplicar determinadas medidas cautelares involucra aspectos que, en gran medida, se relacionan con materias de legalidad.
Por otra parte, respecto al cargo del artículo 281 de la Constitución Política, la accionante sostiene que el reglamento acusado invade competencias propias del Tribunal de Cuentas; sin embargo, el desarrollo argumentativo posteriormente se desvía hacia alegaciones relativas al debido proceso contemplado en el artículo 32 de la Carta Magna, generándose una evidente dispersión respecto de los cargos formulados.
Incluso, sin que ello implique un análisis de fondo de la controversia planteada, se observa que, al citar el artículo 27 de la Ley 67 de 2008, la demandante sostiene que dicha norma establece que las medidas cautelares “siempre” deben ser solicitadas ante el Tribunal de Cuentas; empero, la propia disposición transcrita por ella utiliza el término “podrá”, lo que evidencia, al menos en esta etapa preliminar, una falta de correspondencia entre el contenido de la norma invocada y la interpretación que pretende atribuirle.
De igual manera, el libelo incorpora referencias a la Ley 67 de 2008 y a la Ley 32 de 1984, reconociendo precisamente la existencia de normas que regulan medidas cautelares vinculadas a la Contraloría General de la República; no obstante, lejos de fortalecer el cargo de inconstitucionalidad, ello introduce una discusión adicional respecto al alcance e interpretación de normas distintas a la resolución demandada, lo que incrementa la falta de claridad del planteamiento.
En cuanto a la alegada vulneración del artículo 32 de la Constitución Política, se observa que la accionante dirige concretamente sus cuestionamientos al artículo 8 del reglamento acusado; sin embargo, desde el inicio de la demanda anunció que su pretensión recaía sobre la totalidad de la resolución, lo cual evidencia nuevamente falta de precisión respecto al verdadero alcance del control constitucional solicitado, tal como fue advertido previamente por esta Superioridad.
Situación similar ocurre con el cargo relativo al artículo 47 constitucional, pues la argumentación vuelve a concentrarse en supuestas afectaciones al debido proceso, sin desarrollar de manera autónoma la alegada lesión al derecho de propiedad privada.
Además, la demandante afirma que únicamente los jueces pueden ordenar restricciones patrimoniales como retenciones de salarios o secuestros de bienes; empero, no identifica de forma categórica la disposición normativa o constitucional que sustente dicha afirmación.
Respecto de las normas convencionales invocadas, particularmente los artículos 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pleno advierte que la explicación nuevamente termina focalizándose en cuestionamientos relacionados con el artículo 8 del reglamento demandado y con la aplicación de medidas cautelares, alejándose del planteamiento inicial de una impugnación integral de la resolución.
Finalmente, considera oportuno esta Corporación precisar que la invocación de jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos exige una adecuada correlación entre los criterios jurisprudenciales citados y las figuras jurídicas debatidas en el proceso constitucional; por tanto, no resulta comparable analizar el derecho a ser oído dentro de un proceso ordinario, que examinarlo en el contexto específico de la adopción de medidas cautelares, las cuales poseen finalidades y características propias, labor de conexión argumentativa que correspondía desarrollarla al accionante.
Por las razones expuestas, concluye el Pleno que la presente acción de inconstitucionalidad no cumple con las exigencias mínimas necesarias para superar la fase de admisibilidad, razón por la cual procede su no admisión.
PARTE RESOLUTIVA
En consecuencia, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Licenciada Marta Cecilia Adames Romero, actuando en nombre y representación de Janine Prado Castaño, Yamireliz Chong, Luis Henrique Duke Walker y Alexandra Brenes, contra la Resolución No.3126-2025-LEG-PJ de 23 de septiembre de 2025, “Por la cual se aprueba el Reglamento de Medidas Precautorias que adopta la Contraloría General de la República, para proteger los intereses públicos”.
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 101, 2559, 2560 y 2561 del Código Judicial. Artículo 384 del Código Procesal Civil.
NOTIFÍQUESE.
MGDA. ARIADNE MARIBEL GARCÍA ANGULO
MGDA. MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS
MGDO. CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES
MGDO. CARLOS E. VILLALOBOS JAÉN
CON VOTO RAZONADO
MGDA. GISELA DEL CARMEN AGURTO AYALA
MGDO. OLMEDO ARROCHA OSORIO
MGDA. MARÍA CRISTINA CHEN STANZIOLA
MGDA. LILIANNE M. DUCRUET N.
MGDA. MARIBEL CORNEJO BATISTA
LCDA. YANIXSA Y. YUEN C.
Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia
[1] Véase foja 12