ENTRADA N° 80625-2026
PONENTE: MGDO. CARLOS E. VILLALOBOS JAÉN
RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO NORMAN GUSTAVO MENDEZ VEGA, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE SUMMIT GOLF & RESORT, S.A., CONTRA EL AUTO PARA MEJOR PROVEER N°.66 DE 12 DE FEBRERO DE 2026, EMITIDO POR EL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE LA PRIMERA SECCIÓN.
PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).
VISTOS:
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conoce en grado de apelación, la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, promovida por el Licenciado Norman Gustavo Mendez Vega, actuando en nombre y representación de SUMMIT GOLF & RESORT, S.A., contra el Auto Para Mejor Proveer N°.66 de 12 de febrero de 2026, proferido por el Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección.
DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, actuando como Tribunal de primera instancia, resolvió no admitir la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida, al considerar que la demanda no satisfacía los presupuestos de admisibilidad exigidos para este mecanismo de tutela constitucional.
Señaló que el desarrollo del concepto de infracción no explicaba de qué manera el acto impugnado vulneraba los derechos fundamentales invocados, puesto que el accionante se limitó a expresar consideraciones generales sobre el debido proceso, sin evidenciar una lesión de rango constitucional.
Asimismo, refirió que los cuestionamientos formulados por el amparista estaban dirigidos a controvertir la potestad del juez de ordenar pruebas de oficio dentro del proceso, cuando, en principio, esto forma parte del ejercicio de las facultades que el ordenamiento jurídico le reconoce. Además, indicó que dicha actuación, por sí sola, no revelaba arbitrariedad ni afectación directa de derechos fundamentales.
En ese sentido, concluyó que la controversia planteada por el actor no trascendía el ámbito de la legalidad ni permitía advertir, prima facie, una lesión constitucional susceptible de ser tutelada mediante la acción de amparo.
RECURSO DE APELACIÓN
Encontrándose dentro del término legal correspondiente, el apoderado judicial de la sociedad SUMMIT GOLF & RESORT, S.A., anunció y sustentó recurso de apelación contra la Resolución de 28 de abril de 2026, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante la cual se dispuso no admitir la acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida.
Como fundamento de la alzada, sostiene que el Tribunal a quo incurrió en un análisis incompleto y equivocado de la demanda de amparo, al considerar que el concepto de infracción no había sido debidamente desarrollado, cuando, a su juicio, sí explicó de manera concreta la vulneración de las garantías constitucionales invocadas.
Añade que la resolución apelada únicamente examinó los argumentos relacionados a la vulneración del debido proceso, omitiendo pronunciarse sobre los cargos referentes a la protección de datos personales consagrados en el artículo 42 de la Constitución, la Ley 81 de 2019 y su reglamentación.
De igual forma, sostiene que el acto impugnado excede las facultades del juez de la causa al ordenar la práctica de nuevas pruebas de manera oficiosa y con posterioridad a la celebración de la audiencia, requiriendo, además, datos de cuentas bancarias de colaboradores y excolaboradores de la empresa. De allí, estima que se vulnera tanto el debido proceso como el derecho a la protección de datos personales de personas ajenas al proceso.
Finalmente, solicita que se revoque la resolución apelada, se admita la acción de amparo, y se suspendan los efectos del acto demandado.
CONSIDERACIÓN Y DECISIÓN DEL PLENO
Efectuado el examen de los argumentos expuestos por el recurrente, corresponde al Pleno determinar si estos logran desvirtuar las razones que llevaron al Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá a no admitir la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida, o si, por el contrario, la decisión recurrida debe mantenerse.
Como punto de partida, conviene recordar que la acción de amparo constituye un mecanismo extraordinario destinado a la tutela inmediata de derechos y garantías fundamentales frente a actos u omisiones patrocinados por servidor público, que puedan afectar, restringir, vulnerar o menoscabar tales derechos.
Por ello, quien la promueve tiene la carga de exponer con claridad los hechos constitutivos de la infracción constitucional precisando la forma en que el acto impugnado vulnera las disposiciones fundamentales invocadas, por cuanto no basta la simple cita de normas constitucionales, legales o convencionales, ni la reproducción de su contenido.
En el caso bajo estudio, el apelante insiste en que el Juez Segundo de Trabajo de la Primera Sección, ordenó la práctica de diligencias probatorias que afectan información de terceros y exceden sus facultades; sin embargo, el desarrollo de su argumentación continúa orientado, principalmente, a cuestionar la legalidad, pertinencia y alcance de las pruebas decretadas mediante la resolución impugnada, aspectos que corresponden al ejercicio de la función jurisdiccional del juez de la causa, y cuya revisión, por sí sola, no constituye materia propia de la acción de amparo.
En cuanto al argumento relativo a la supuesta vulneración del derecho a la protección de datos personales, tampoco aprecia este Tribunal que el recurrente haya explicado de manera suficiente cómo la orden judicial impugnada configura, por sí misma, una lesión directa e inmediata del derecho fundamental previsto en el artículo 42 de la Constitución Política.
A este respecto, nótese que el amparista se limita a afirmar que la información solicitada corresponde a datos de trabajadores y extrabajadores de la empresa y a transcribir diversas disposiciones de la Ley 81 de 2019 y su reglamentación; sin embargo, omite explicar de manera concreta por qué la autoridad judicial carecía de facultades para requerir dicha información, o dicho de otro modo, de qué manera el requerimiento probatorio excedía las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico. En consecuencia, sus planteamientos evidencian su disconformidad con la decisión adoptada por el juez de la causa, sin lograr poner de manifiesto una posible vulneración de la garantía constitucional invocada.
Debe recordarse que la práctica de pruebas ordenadas por un juez dentro de un proceso judicial, incluso cuando son decretadas de oficio, constituye una manifestación de sus potestades jurisdiccionales encaminadas al esclarecimiento de los hechos controvertidos sometidos a su conocimiento, o al descubrimiento de la verdad material. Por consiguiente, la discrepancia de una de las partes respecto de la necesidad, pertinencia o alcance de tales diligencias constituye, en principio, un debate de legalidad que debe ventilarse a través de los mecanismos procesales ordinarios, y no mediante la acción constitucional de amparo, salvo que se evidencie una actuación manifiestamente arbitraria o una afectación directa de derechos fundamentales, circunstancias que no se advierten en este particular.
Así las cosas, este Pleno comparte el criterio vertido por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en cuanto concluyó que la demanda no satisface las exigencias de admisibilidad previstas para esta clase de acciones constitucionales, al no desarrollar adecuadamente el concepto de infracción ni poner de manifiesto una lesión de naturaleza constitucional que trascienda el ámbito de la mera legalidad.
En consecuencia, al no desvirtuar el recurso de apelación las razones que sustentaron la decisión recurrida, lo procedente es confirmar la resolución apelada.
PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución de 28 de abril de 2026, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, que NO ADMITE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, promovida por Licenciado Norman Gustavo Mendez Vega, actuando en nombre y representación de SUMMIT GOLF & RESORT, S.A., contra el Auto Para Mejor Proveer N°.66 de 12 de febrero de 2026, proferido por el Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección.
Notifíquese,
MAGISTRADO CARLOS E. VILLALOBOS JAÉN
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
MGDO. JUAN CARLOS TATIS CASTILLO
MGDO. OLMEDO ARROCHA OSORIO
MGDA. MARÍA CRISTINA CHEN STANZIOLA
MGDA. MIRIAM CHENG ROSAS
MGDA. MARIBEL CORNEJO BATISTA
MGDA. ARIADNE MARIBEL GARCÍA ANGULO
MGDA. MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS
MGDO. CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES
YANIXSA Y. YUEN
SECRETARIA GENERAL
EXP.80625-2026.