ENTRADA N° 61098-2026
PONENTE: MGDO. CARLOS E. VILLALOBOS JAÉN
ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA LICENCIADA JEANNETTE DEL C. MARTÍNEZ DE UREÑA, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE DAVID ALBERTO UREÑA CAMPOS, CONTRA LA RESOLUCIÓN NO. 039 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y SU ACTO CONFIRMATORIO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN NO. 212 DE 20 DE FEBRERO DE 2026, AMBAS SUSCRITAS POR LA JUNTA REVISORA DE ASCENSO DE LA POLICÍA NACIONAL.
REPÚBLICA DE PANAMÁ
ÓRGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – PLENO
PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).
VISTOS:
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por la Licenciada Jeannette Martínez De Ureña, actuando en nombre y representación de David Alberto Ureña Campos, contra la Resolución No. 039 de 25 de noviembre de 2025, y su acto confirmatorio contenido en la Resolución No. 212 de 20 de febrero de 2026, ambas emitidas por la Junta Revisora de Ascenso de la Policía Nacional.
ACTO IMPUGNADO
El acto demandado resolvió excluir a doscientos veintiocho (228) oficiales del listado de orden de mérito remitido por la Comisión Evaluadora de Ascensos para Oficiales Subalterno y Oficiales Superiores, correspondiente al período de ascensos 2025, por encontrarse haciendo uso de vacaciones previas a su jubilación, dentro de los cuales se encuentra el pretensor David Alberto Ureña Campos; y su acto confirmatorio.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La procuradora judicial del accionante expone que su representado es un oficial proveniente de las unidades de tropa de la Policía Nacional, quien actualmente ostenta el rango de teniente y cuenta con veintinueve (29) años de servicio dentro de la institución. Señala que, durante su trayectoria profesional, ha participado en distintos procesos de ascenso por concurso, obteniendo los grados jerárquicos correspondientes desde agente hasta teniente.
Afirma que, aunque el accionante reunía los requisitos de antigüedad para participar en el proceso de ascenso al rango de Capitán correspondiente al período 2025, conforme al Manual de Ascensos de la Policía Nacional de mayo de 2007, publicado mediante Orden General del Día No. 136 de 18 de julio de 2007, no fue considerado para participar en dicho proceso.
Refiere que mediante el Decreto Ejecutivo No. 899 de 2 de diciembre de 2020 se modificaron los requisitos de antigüedad para concursar a determinados ascensos, aumentando de cuatro (4) a cinco (5) años el tiempo requerido de permanencia en el rango. Añade que dicha normativa mantenía la previsión de que la promoción a la que pertenecía el accionante ascendería en el año 2025, sin establecer restricciones relacionadas con el disfrute de vacaciones.
Añade que, al no encontrarse en la convocatoria respectiva, solicitó su inclusión ante la Junta Evaluadora de Ascenso de la Policía Nacional, petición que fue acogida mediante Resolución No. 280 de 8 de septiembre de 2025, por lo que participó en el proceso de evaluación para el rango de Capitán, obteniendo una calificación final de 90.33 puntos.
Sin menoscabo de lo anterior, expone que, mediante el acto demandado fue excluido del proceso de ascenso por encontrarse haciendo uso de vacaciones previas a su jubilación, decisión que posteriormente fue confirmada. Frente a ello, sostiene que dicha exclusión resulta improcedente, al considerar que cumplía con los requisitos exigidos y que había sido previamente admitido dentro del proceso de ascenso correspondiente.
Alega que la acumulación de vacaciones obedeció a necesidades del servicio y a circunstancias atribuibles a la propia institución policial, por lo que estima que dicha condición no podía ser utilizada como fundamento para excluirlo del proceso de ascenso, especialmente cuando el artículo 82 de la Ley 18 de 3 de junio de 1997, en concordancia con el Decreto Ejecutivo No. 172 de 29 de julio de 1999, establece disposiciones relacionadas con el disfrute oportuno de vacaciones.
Finalmente, señala que las actuaciones cuestionadas desconocen derechos que considera adquiridos por razón de la antigüedad, tiempo de servicio y cumplimiento de los requisitos para el ascenso, alegando además la aplicación de normas posteriores al inicio del proceso de evaluación, así como la inobservancia de principios relacionados con la seguridad jurídica, la jerarquía normativa y la irretroactividad de las disposiciones administrativas.
CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO
Conocidos los aspectos más relevantes expuestos en la demanda propuesta, corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia pronunciarse respecto a la admisibilidad de la misma, conforme a los presupuestos establecidos en los artículos 101, 2615, 2618 y 2619 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 384 del Código Procesal Civil, así como la jurisprudencia reiterada de esta Corporación de Justicia sobre la materia.
Conviene recordar que la acción de amparo de garantías constitucionales constituye un mecanismo de naturaleza excepcional, instituido con el propósito de tutelar derechos fundamentales frente a actos u omisiones patrocinados por servidor público, que pueda afectar, restringir, vulnerar o menoscabar tales derechos. No obstante, su procedencia requiere que la demanda cumpla con los presupuestos formales y sustanciales previstos en la ley, de manera que permita al Tribunal identificar la posible existencia de una controversia de naturaleza constitucional.
Dicho lo anterior, al entrar a examinar el cumplimiento de los requisitos propios de la demanda de amparo, advierte el Pleno que el accionante desarrolla una extensa exposición de hechos relacionados con su trayectoria dentro de la Policía Nacional, la forma en que participó en el proceso de ascenso al rango de Capitán, así como las circunstancias que motivaron su exclusión del listado de orden de mérito. Además, expuso diversas disposiciones legales y reglamentarias, así como argumentos vinculados a la antigüedad, tiempo de servicio, derechos adquiridos, seguridad jurídica, jerarquía normativa e irretroactividad.
Sin embargo, pese a la amplitud de dicha argumentación, lo cierto es que la demanda incumple con las exigencias contenidas en el numeral 4 del artículo 2619 del Código Judicial, que a la letra indica lo siguiente:
Artículo 2619. Además de los requisitos comunes a todas las demandas, la de amparo deberá contener:
-
- Mención expresa de la orden impugnada;
- Nombre del servidor público, funcionario, institución o corporación que la impartió;
- Los hechos en que funda su pretensión; y
- Las garantías fundamentales que se estimen infringidas y el concepto en que lo han sido.
Con la demanda se presentará la prueba de la orden impartida, si fuere posible; o manifestación expresa, de no haberla podido obtener.” -Lo resaltado es nuestro-
Lo anterior es considerado así, puesto el censor omitió identificar cuáles fueron las garantías fundamentales que estima infringidas por el acto acusado, así como el concepto en que considera que tales disposiciones fueron vulneradas.
Al efecto, aun cuando la accionante formula diversos planteamientos relacionados con su situación dentro del régimen de ascensos de la Policía Nacional, cuestionando la interpretación y aplicación de disposiciones legales y reglamentarias que regulan dicha materia, lo cierto es que no identificó las normas constitucionales contentivas de las garantías cuya protección pretendía mediante esta vía excepcional.
De igual forma, no desarrolla un apartado dirigido a explicar el concepto de infracción, esto es, la forma concreta en que la actuación de la autoridad demandada transgredió el contenido de una garantía fundamental determinada, requisito indispensable para que esta Corporación pueda realizar el examen constitucional correspondiente.
Sobre este particular, la jurisprudencia reiterada de esta Corporación de Justicia ha sostenido que, para la admisibilidad de una acción de amparo de garantías constitucionales, no basta con exponer una inconformidad frente al acto impugnado, sino que resulta necesario que el accionante identifique la garantía fundamental que estima lesionada, y explique el concepto en que se produce la infracción alegada, toda vez que corresponde al promotor de la acción demostrar, al menos de manera inicial, la existencia de una afectación directa a una garantía constitucional.
En consecuencia, se advierte que las deficiencias sustanciales antes mencionadas impiden a este Pleno realizar el examen constitucional que exige la naturaleza de la acción promovida, por cuanto lo procedente es no admitir la presente acción de amparo de garantías constitucionales.
PARTE RESOLUTIVA
En virtud de lo expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por la Licenciada Jeannette Martínez de Ureña, actuando en nombre y representación de David Alberto Ureña Campos, contra la Resolución No. 039 de 25 de noviembre de 2025, y su acto confirmatorio contenido en la Resolución No. 212 de 20 de febrero de 2026, ambas emitidas por la Junta Revisora de Ascenso de la Policía Nacional.
Notifíquese,
MAGISTRADO CARLOS E. VILLALOBOS JAÉN
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
MGDA. GISELA DEL CARMEN AGURTO AYALA
MGDO. OLMEDO ARROCHA OSORIO
MGDO. SALVADOR DOMÍNGUEZ BARRIOS
MGDA. MIRIAM CHENG ROSAS
MGDA. OTILDA V. DE VALDERRAMA
MGDA. ARIADNE MARIBEL GARCÍA ANGULO
MGDA. MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS
MGDO. CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES
YANIXSA Y. YUEN
SECRETARIA GENERAL
EXP: 61098-2026.